El embarazo no es un delito.

Las familias de Louisiana merecen atención, no castigo.

La familia significa todo aquí en Luisiana. Amamos a nuestras mamás, a nuestras hermanas y a nuestros pequeños. Y cuando las familias tienen que tomar decisiones difíciles sobre la atención médica, nuestros legisladores no tienen por qué interferir. La justicia reproductiva significa cuidar a nuestras familias.

Hacer del aborto un delito le da a la policía otra herramienta para detener.

a las mujeres negras

a las personas marginadas

a las personas que consumen sustancias

a las personas trans

a las personas no conformes con el género

Luisiana no puede resolver su crisis de salud materna con encarcelamientos.

La crisis de salud materna e infantil de nuestro estado exige más atención, recursos y confianza. En cambio, la prohibición del aborto en Luisiana trae confusión, miedo y la amenaza de castigo a los hospitales y consultorios médicos. Tratar a las familias como delincuentes no las hará más saludables ni más seguras.

Más vigilancia. Más control policial. Más castigos.

YA HEMOS VISTO ESTO ANTES.

La criminalización del embarazo no comenzó con las prohibiciones al aborto. Sigue el mismo guión que la Guerra Contra los Consumidores de Drogas, que utilizó la vigilancia, la represión policial y el castigo para controlar los cuerpos de las mujeres negras, las personas marginadas, las personas que consumen sustancias, las personas trans y las personas que no se ajustan a las normas de género. La prohibición del aborto en Luisiana lleva ese legado a los hospitales y a las salas de examen.

Solo una atención médica integral resolverá nuestra crisis de salud materna.

LAS PROHIBICIONES DEL ABORTO SON PERJUDICIALES PARA NUESTRA SALUD.

Cuando los políticos se interponen en el camino de la atención médica, todos sufrimos. Cuando las familias enfrentan la pérdida de un embarazo, un aborto espontáneo o complicaciones, necesitan atención médica, no la amenaza adicional de la criminalización.

Los políticos de Luisiana deberían preocuparse por garantizar que todos tengamos acceso a la atención médica, no dificultar el acceso a la atención de salud reproductiva esencial que las familias de Luisiana necesitan tan desesperadamente. Criminalizar la atención médica solo conduce a más consecuencias negativas para las personas embarazadas y sus familias.

CUANDO LOS LEGISLADORES INTENTAN CONTROLAR NUESTRA ATENCIÓN MÉDICA, TODOS CORREMOS PELIGRO.

El embarazo no es un delito. Merecemos atención, no castigo.